(Artículo publicado en el Arrels de esta semana)
Quien siga la actualidad sabrá de los proyectos de ley estadounidenses
SOPA y
PIPA, cuya única gracia está en el nombre. Oficialmente estas leyes tratarían de combatir el tráfico de contenidos protegidos por derechos de autor o la propiedad intelectual en Internet. Permitirían al gobierno de EEUU o a propietarios de derechos intelectuales bloquear webs de cualquier país que permitan o faciliten infringir los derechos de autor, aun sin ánimo de lucro. El denunciante podrá exigir
que se bloquee cautelarmente el sitio, las referencias a él y sus cuentas en procesadores de pago. Además, aunque después se demuestre que no había infracción, no habría consecuencias para el denunciante. Obviamente, esto permitiría una caza de brujas en Internet.
Google,
Wikipedia o
YouTube no podrían existir como los conocemos.
WikiLeaks sería imposible. Los
ISPs controlarían a sus usuarios. Internet no sería libre. Los gobiernos y la industria del entretenimiento quieren controlar la red, y este es un paso claro en esa dirección, atropellando la libertad de expresión y la separación de poderes.
El cierre de Megaupload ha sido otro tema candente.
Megaupload era probablemente el sitio web de alojamiento de archivos más utilizado. El FBI, mediante una rimbombante operación internacional, ha detenido a los creadores de este sitio, tratándolos de mafia criminal y llamándolos "megaconspiración".
El cierre de megaupload ha provocado que sitios similares eliminen archivos o desactiven opciones. Todo esto sin la aprobación de las leyes SOPA/PIPA, lo cual cuestiona su necesidad para hacer respetar la propiedad intelectual. Esa evidencia, junto a la presión del
"apagón cibernético" del 18 de enero, cuando gigantes como Google o Wikipedia protestaron contra SOPA/PIPA, ha conseguido
que se posponga indefinidamente la aprobación de estos proyectos.
Y eso que EEUU usó a España de "beta tester" de estas leyes.
Gracias a WikiLeaks supimos que presiones estadounidenses originaron la conocida como ley Sinde.
Con algunas diferencias, también la
ley Sinde pretende crear una
lista negra de webs que se considere que vulneran los derechos de propiedad intelectual. Camuflada en la
ley de Economía Sostenible,
fue aprobada por el PPSOE en febrero de 2011, aunque
su reglamento no se aprobó antes del 20N. El gobierno actual lo ha aprobado, aunque
quitando el canon digital para compensar.
Entrará en vigor en marzo. EEUU no se ha quemado con la SOPA, pero no porque España le advirtiera, ya que se la tragó sin rechistar cuando se la dieron a probar.
La separación de poderes va a difuminarse aún más en España.
La libertad de expresión va a ser legalmente restringida. A pesar de la UE, que
se ha manifestado contraria al bloqueo de Internet. A quien le preocupe el tema, en la red encontrará fácilmente abundante información. De momento.
Toma La Plaza ONDA
